Ayer, el ministro de Justicia anunció que antes de una semana el Gobierno iniciará la tramitación de las peticiones de indulto de los líderes del Procés condenados. Por el momento sólo hay dos peticiones. La Consellería de Trabaljo, Bassa, solicitada por Jete, y la de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, solicitada por los tres expresidentes de la Cámara catalana. Los demás condenados no lo han pedido. Quieren la amnistía. La esperarán en vano. Lo anunciado por el ministro es irreprochable, aunque la oposición pusiera el grito en el cielo. Toda petición de indulto se tiene que tramitar. No sabemos cómo acabará ni cuánto durará el trámite. Seguramente bastante, pero iniciar la tramitación corresponde al ministro de Justicia. Otro tema de la misma línea, el Gobierno tiene previsto modificar el Código Penal en lo que respecta al delito de sedición. Esta modificación puede beneficiar a los condenados y facilitar su salida de prisión, pero es igualmente irreprochable. Su actual texto tiene 144 años y es una extravagancia en Europa. Como hemos comprobado con algunos amargos revolcones, el anuncio del ministro desató las iras de la oposición. "El Gobierno se baja los pantalones", dijeron, "para conseguir el apoyo de los independentistas en el Presupuesto". Es una frase que encierra media verdad, porque sí desea engrasar el camino en los Presupuestos pero no se bajan los pantalones porque actúa dentro de la ley en el marco de sus atribuciones, tanto al tramitar las peticiones de indulto como al promover la reforma del Código Penal. Donde sí ví bajada de pantalones e inaceptable cesión al independentismo fue en la exclusión del rey en el acto de entrega de despachos a los nuevos jueces en Cataluña, acto que siempre había presidido. Y no estoy hablando ni de monarquía ni de república. Hablo de la jefatura del Estado y, si se hizo por prudencia, se cometió un error. Las cobardías institucionales terminan siendo imprudencias históricas.
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