La invasión rusa sobre Ucrania ha llevado al Gobierno español a intensificar las sanciones fijadas por la Unión Europea contra varios oligarcas rusos vinculados al presidente, Vladimir Putin, empresarios que tenían o tienen alguna relación con España. Las autoridades españolas han inmovilizado todo tipo de propiedades de poderosos multimillonarios que han visto cómo se escapan de sus manos algunos de sus fortunas más preciadas.
Según los datos oficiales recopilados por la SER, estos magnates rusos han perdido ya 10 aviones, cinco yates, 357 viviendas, 22 coches de alta gama y 65 fondos, entre ellos, cuentas corrientes y acciones que han sido inmovilizadas. Son los últimos datos recogidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) aportados por la Célula de Coordinación (CELCOR), grupo creado por el DSN para evaluar el impacto de la guerra en Ucrania en Europa, y en especial, las consecuencias que pueda tener la invasión en España, con la intención de coordinar la respuesta nacional ante este crítico escenario geopolítico.
900 millones en yates
Solo en yates, se ha notificado al Servicio de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLA) la incautación de embarcaciones valoradas en más de 900 millones de euros. Un auténtico arsenal de lujo que ahora custodian las autoridades españolas. La Dirección General de la Marina Mercante ordenó la inmovilización en el puerto de Tarragona del megayate Crescent, de 153 metros de eslora y valorado en más de 600 millones. Entre las embarcaciones inmovilizadas también se encuentra el Valerie, otro lujoso barco valorado en 140 millones, propiedad de Serguéi Chémezov, veterano de la KGB y dueño de una de las mayores corporaciones dedicadas a la venta de armas de Rusia, la corporación estatal Rostec.
En la Marina Port Adriano (Mallorca), también fue precintado el Lady Anastasia, barco de 45 metros de eslora valorado en 7 millones de euros y vinculado al oligarca ruso Alexander Mijeev, dueño de Rosoboronexport, una de las fábricas de armamento más potentes de Rusia. La Marina Mercante también ordenó la inmovilización del yate ‘Sasha Primero’ y su embarcación auxiliar ‘Neva Primero’, barcos de recreo de bandera española atracados en el Club de Mar de Palma.
Agentes del FBI, del Homeland Security Investigations (HIS) y de la Guardia Civil requisaron también en Mallorca el yate ruso 'Tango', vinculado al magnate Víktor Vekselberg, “muy cercano al presidente de Rusia Vladimir Putin", según advirtió la Guardia Civil. Esa embarcación de 78 metros de eslora está valorada en más de 90 millones de euros y sobre ella había una Comisión Rogatoria Internacional de EE.UU.
Bienes congelados
Todos estos bienes quedan “congelados” a la espera de una resolución administrativa por parte de la autoridad competente en cada caso, según han explicado a la SER fuentes oficiales encargadas de la incautación de estas propiedades.
Durante 2022, además, España expulsó a 27 diplomáticos rusos de territorio español, un gesto coordinado con la UE que “ha tenido un efecto negativo sobre la capacidad de Rusia de operar sobre territorio europeo y ha influido, entre otros factores, en el índice de actividad de los Servicios de Inteligencia extranjeros”, según reconoce el Departamento de Seguridad Nacional porque la invasión rusa de Ucrania ha amplificado la agresividad de los Servicios de Inteligencia para recabar información. Por ese motivo el seguimiento de las actividades de espionaje e injerencia contra intereses españoles es la principal prioridad del CNI, “vigilando de forma muy estrecha la relación de estos oligarcas rusos y sus aparatos de propaganda y desinformación, que fomentan narrativas antioccidentales”.
Célula de seguimiento
El Comité de Situación del CELCOR —máximo nivel de coordinación, presidido por el ministro de la Presidencia— se ha reunido ya en más de veinte ocasiones. Este grupo actúa en cinco frentes: Garantizar la ciberseguridad nacional, hacer cumplir las sanciones contra oligarcas rusos aprobadas por la Unión Europea, garantizar la acogida de los desplazados temporales procedentes de Ucrania, colaborar en el seguimiento del plan de contingencia en el ámbito energético y estudiar la reconstrucción de Ucrania.
El grupo de Trabajo de Recepción y Protección Temporal —grupo interministerial de coordinación, presidido por el subsecretario del Ministerio de Presidencia— ha recopilado los últimos datos sobre la situación de los refugiados ucranianos en España. Hasta el 17 de abril, se notificaron 174.005 ciudadanos ucranianos afectados por el conflicto en su país que han conseguido protección temporal en nuestro país (el 32% son menores). Ese dato, según el Gobierno de Sánchez convierte a España en el quinto país de la Unión Europea por número de concesiones, detrás de Polonia, Alemania, República Checa e Italia.
Otros datos aportados por el Departamento de Seguridad Nacional se centran en la situación laboral, educativa y sanitaria de estas personas. A 31 de marzo de 2023, se han registrado más de 15.745 personas en alta laboral, de las cuales un 56% son mujeres. Hasta el 31 de marzo de 2023, en España, 39.399 estudiantes ucranianos desplazados están escolarizados. De todos ellos, el 35% de las matriculaciones corresponde con el nivel de Educación Primaria, el 22% con el nivel de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el 15% con el nivel de Educación Infantil y el 22% con la educación de idiomas y para adultos.
En cuanto a la Sanidad, y hasta el 13 de febrero, 79.705 personas procedentes de Ucrania tienen expedida la Tarjeta Sanitaria Individual (TSI), que permite el acceso pleno al sistema nacional de sanidad. España también participa la plataforma CECIS UE (Common Emergency Communication and Information System) encargada del traslado, acogida y tratamiento de enfermos. Hasta el 17 de abril de 2023, han sido trasladados y atendidos en España un total de 205 pacientes, de los cuales, 65 han regresado a Ucrania porque fueron dados de alta o para continuar su tratamiento en hospitales ucranianos.
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